En esta última semana, hemos podido
asistir en algunas ciudades españolas, a hechos como ver entrar a un alcalde en
bicicleta en un consistorio o anunciar la bajada de sueldos de alcalde y concejales.
Hay quien ha tildado dichos actos como ridículos, populistas, etc., pero ¿acaso
no debemos de exigir a nuestros representantes que adopten formas de vida y de
trabajo acordes a los tiempos en los que nos encontramos?
Tras
esta larga crisis, hemos visto como cambiaban muchos de nuestros hábitos de
vida. Cada vez hay mucha más gente que ha empezado a utilizar el transporte público
o las bicicletas compartidas. Cada vez más ciudadanos han sufrido descuelgues
salariales o acuerdos de reducción de salarios para prevenir ere´s o cierres de
empresas. Compartir coche, comer de menú en vez de a la carta, buscar el “low
cost” o la oferta “last minute” configuran nuestra matriz de toma de decisiones
diarias. Y todo esto se vertebra en torno a una idea, ahorrar para adaptar
nuestro maltrecho presupuesto a nuestro estilo de vida. Y es curioso, porque aún
nos da para ser más solidarios o ayudar a algún familiar en problemas (¿qué sería
de esta sociedad tan sacudida por el desempleo sin el soporte de la familia?). En
definitiva, somos mucho más eficientes.
Y
dado que esto es así para la gran mayoría de los mortales, ¿porque nuestras
instituciones y las personas que las componen han de ser distintas o tener
privilegios heredados del pasado que no nos podemos permitir?
Por
eso, desde este blog aplaudo todo este tipo de iniciativas en nuestra clase política,
independientemente del color o ideología. Esto solo les hace más eficientes
como ciudadanos. Lo que está muy bien.
Pero
los ciudadanos lo que reclamamos no es solo ciudadanos eficientes en nuestras
administraciones, sino administraciones eficientes, con dirigentes eficientes
que cumplan con las funciones para las que fueron concebidas de una forma
eficiente.
Al
inicio de la crisis, nuestro tejido empresarial (compuesto básicamente por
pymes) se encontró de la noche al día en un ecosistema hostil que lo obligo a tomar
medidas extraordinarias con gran celeridad. Lo que nos encontramos fue empresas
con un alto endeudamiento, sin liquidez, sin acceso al crédito y con alto nivel
de morosidad. Estructuras pesadas, crecidas al amparo de la bonanza económica.
Mercados en recesión (algunos le llamaron desaceleración acelerada),
dependientes casi en su totalidad del mercado interno. Y hubo que hacer nuestras
empresas eficientes, porque las que no se adaptaron a este nuevo ecosistema,
desgraciadamente murieron.
Con
toda esta necesidad de cambio, tomo cada vez más relevancia una figura
importada del mundo anglosajón que irrumpió con fuerza en el panorama
empresarial español cosechando grandes éxitos. El interim manager.
El
interim manager es un ejecutivo con amplia experiencia en la gestión empresarial
del cambio y en situaciones de crisis, que una organización puede contratar
bien a tiempo parcial o durante un tiempo determinado con una misión muy
concreta.
Y
volviendo a nuestras administraciones, si las comparamos con nuestras empresas
al principio de esta larga crisis, ¿no vemos muchos símiles? Bajo mi punto de
vista, tenemos administraciones con un alto endeudamiento, con graves problemas
de liquidez, y con problemas de credibilidad entre sus proveedores. Estructuras
pesadas y poco agiles, con duplicidad y triplicidad de funciones entre
administraciones. Y un ciudadano cada vez con mayor presión fiscal, menor nivel
de prestaciones de sus administraciones y con un presupuesto cada vez más
reducido (lo que supone unos menores ingresos a las arcas públicas). Por esto,
y aprovechando esta nueva época en las administraciones, donde se están viendo
cambios orientados hacia la eficiencia, acometamos de una vez por toda la tan
solicitada reestructuración de las administraciones públicas. No podemos seguir
ni un día más, con una administración ineficaz, anclada en épocas pasadas y únicamente
obsesionada por recaudar de un mercado cada vez más pequeño. Hemos de acometer
las medidas necesarias para no solamente tener ciudadanos eficientes en
nuestras administraciones, sino administraciones eficientes, con dirigentes eficientes
que cumplan con las funciones para las que fueron concebidas de una forma
eficiente.
Y
al igual que en las empresas se apoyó el cambio en interim managers, nuestras
administraciones deberían de utilizar estos profesionales para gestionar el
cambio en nuestras administraciones públicas.
Pensemos
que un interim manager, a lo largo de su dilatada experiencia profesional, ha
tenido que afrontar distintos procesos de gestión del cambio, conociendo
perfectamente su complejidad. Este tipo de procesos conllevan decisiones de gran
implicación para el futuro de nuestras organizaciones y que por tanto debemos
de contar con aquellos expertos que nos garanticen el éxito de dicho cambio.
Lo
primero que debemos de plantearnos, es que cualquier cambio y/o reorganización
de una administración, tiene que estar orientado a dar una mayor eficiencia y
eficacia la misma, independientemente de cual haya sido el factor o factores
que hayan originado la misma, es decir, deberemos reducir el coste de nuestros
recursos, para ser más eficientes tanto en costes como en la función
encomendada, es definitiva, ser capaces de mejorar nuestra “productividad”.
Esto
que dicho así parece bastante simple, no lo es. Para ello, requeriremos de
personas muy especializadas en estas situaciones, y con las que las
administraciones habitualmente no cuentan, ya que afortunadamente estas
situaciones se producen ocasionalmente. En ello, la figura del “interim
manager” se vuelve prácticamente indispensable, ya que podremos incorporar
durante este proceso a una persona o varias personas, con larga experiencia en
estos procesos, y nos guiaran en la toma
de decisiones y en su aplicación, buscando el resultado óptimo en los procesos
de reorganización.
Desde mi experiencia, y por el conocimiento que he tenido de la administración pública
a todos los niveles (nacional, autonómico, provincial y local) el tema es mucho
más complicado que todo esto. Lo primero que deberíamos de determinar, es la
causa o las causas que originan la necesidad de reorganizar nuestra
administración. Tendríamos de estudiarlo, no solamente en el pasado y presente,
sino cual es la previsible evolución de todas esas casuísticas, para tenerla en
cuenta en nuestra propuesta de reorganización. Pongamos un ejemplo, supongamos
que el motivo que origina en nuestra organización la necesidad de reestructurar
es una bajada de los ingresos, que provoca un desequilibrio financiero en
nuestra organización. Deberemos de disponer no solamente de una evaluación
total de cuál es nuestro desequilibrio hasta la fecha, sino de una previsión de
ingresos para los próximos años, y cuál será su impacto sobre nuestra
organización y cuales los costes asumibles desde ese escenario previsto. Solo
así, podríamos empezar a definir algunos aspectos clave de nuestro proceso de
reestructuración, para asegurar su viabilidad, idoneidad y pormenorizar los
efectos reactivos sobre la organización.
También debemos de analizar, y más en el
ámbito de la prestación de servicios al ciudadano, cuales son los mínimos que
tenemos comprometidos con nuestros ciudadanos, y que nos hace competitivos. En
definitiva, igual que en una empresa privada, se busca que cualquier proceso de
reorganización no afecte a la capacidad competitiva de la misma, en el ámbito
de la administración pública, nunca una reorganización puede suponer una pérdida
o merma en la capacidad prestataria de servicios al ciudadano. Por ello,
deberemos de estudiar como optimizar nuestros procesos y flujos de trabajo,
para poder ser más eficientes, comprometiendo menos recursos. Y es esto, una de
las casuísticas de la administración, que hace “especiales” sus procesos de
reorganización.
A
diferencia de las empresas privadas, donde los procesos y/o flujos de trabajo
pueden, tras un exhaustivo estudio, transformarse para su mejora con relativa
facilidad, esto no es así en el ámbito de la administración pública. En este
caso, muchos de los procesos vienen determinados por disposiciones legales, y
su modificación supondrían necesariamente cambios en estas disposiciones que
sustentan dichos procesos, y esto no siempre es posible, ya que la modificación
de estas disposiciones pueden encontrarse fuera del ámbito de la organización
publica fruto el proceso de reorganización. Es aquí, donde nace una nueva
figura dentro del marco de nuestra administración, necesaria para poder
acometer con éxito los procesos de reorganización necesarios. Sería el “comité
gestor del cambio”, que debería de ser un equipo compuesto por políticos,
funcionarios, y expertos en procesos de reordenación. Dentro de este equipo,
los funcionarios, por su experiencia en las distintas áreas susceptibles de
cambio, darían una visión clara de cuáles son los actuales procesos, cuales son
los puntos críticos en cada uno de ellos, y las implicaciones sobre los
recursos públicos comprometidos. Por otro lado, la figura de los dirigentes
políticos, actuarían como facilitadores y/o mediadores sobre las actuaciones
con implicaciones en las disposiciones vigentes y su interrelación con otros
niveles de la administración, pudiendo mediar para su cambio y/o adaptación y
permitir así, los procesos de reestructuración. Y por último,
aparecerían los expertos en procesos de cambio o “interim managers”.
Al
igual, que en un equipo de futbol, cuando tiene problemas, se ficha al mejor
entrenador, también deberíamos de fichar en nuestros procesos de cambio de la administración
a los mejores para liderar el mismo. Personas con amplia experiencia en procesos
exitosos de cambio, entendiendo por exitosos aquellos que tras su aplicación,
hayan llevado a la organización a una mejora de su posición competitiva.
Además, tampoco podemos dejar de lado el entorno que deseamos reorganizar, que
es el de las administraciones públicas, y estas tienen toda una casuística
diferencial, que necesariamente estos expertos deberán de conocer y entender.
En
otros países, como puede ser el caso del Reino Unido, esta misión ha sido
encomendadas a expertos “interim managers”, de tal forma que la administración pública
además de contar con el asesoramiento de un experto en ese “comité gestor del
cambio” para la definición, planificación y diseño de ese proceso de
reorganización, dispone de una profesional altamente cualificado en estos
procesos y conocedor de la idiosincrasia de la administración pública. Este
hecho le permite al “interim manager” poder también liderar la ejecución de
dicho proceso en la organización con las máximas garantías de éxito. Este es el
principal motivo, por el que un interim manager dota de valor añadido la oferta
como experto en procesos de cambio organizacional, ya que el contar con su
experiencia en liderar este tipo de procesos, así como su posterior
transferencia del conocimiento a la organización, asegura en todo momento un
cambio exitoso, pormenorizando la componente traumática que conlleva todo este
tipo de procesos.
Por ello, creo que en el proceso del
cambio de las administraciones públicas, al que necesariamente deben de hacer
frente nuestros nuevos representantes, deberemos de apostar por modelos
innovadores que han dado resultado en otros países, y por ello creo que llegó
el momento de que la figura del “interim manager” entre en las administraciones,
empiece a jugar un papel determinante en los cambios organizacionales dentro de
la administración pública, tal y como lo está haciendo en el ámbito de la
empresa privada.
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